El ex presidente socialista de la Diputación de Granada cobraba dietas hasta por ir a la feria
Antonio Martínez Caler, el anterior presidente socialista de la Diputación Provncial de Granada, era el rey del abuso y de la caradura. Se ha probado que el ex presidente pasaba una media de 306 euros al mes en dietas y gastos de locomoción sin justificar.Por tanto, se suman las cantidades de 306 euros en dietas y gastos de locomoción, más nómina mensual de 4.500 euros, más la “autoayuda” de 600 euros que percibía para pagar el alquiler de su casa. Todo esto sin contar el coche oficial que tenía a su entera y exclusiva disposición.Los descansos del ex presidente en su pueblo costaban 43 euros por trayecto.
Martínez Caler cobraba por moverse
Cada vez que visitaba un pueblo de la provincia, lo cual era su obligación, costaba a todos los granadinos 40 euros.
Algunos ejemplos por los que pasó dietas:
-Presentación de un proyecto y firma de un convenio que el 22 de enero de 2009 realizaba en Maracena, incluidos en sus responsabilidades de gobierno. = 40 euros
-Inauguración de un centro comercial en La Zubia, pueblo muy cercano a Granada el 25 de marzo de 2009 = 40 euros
-Visita a una hermandad de Moros y Cristianos, el 17 de noviembre de 2009, en Quéntar = 40 euros.
-Participación en la inauguración de la Feria de la Caza de Iznalloz, el 1 de octubre de 2010 = 40 euros
-Reunión con una asociación de mujeres de Güejar Sierra el 1 de diciembre de 2010. = 40 euros
En esta ocasión, con sus gestiones provinciales no solo ganó su bolsillo 40 euros, sino que el PSOE también salió respaldado, puesto que, casualidades de la vida, cuatro mujeres de la junta directiva de dicha asociación fueron posteriormente en la candidatura socialista de la localidad.
Una vez sentadas las bases del descaro, no tenía más remedio que autorizar los abusos cometidos por algunos de sus compañeros de corporación en el cobro de dietas, porque el que daba el mejor ejemplo era él mismo.
El ex alcalde de Valverde del Camino (Huelva), el socialista Miguel Ángel Domínguez (en la imagen), y dos de sus concejales, los tránsfugas de IU Francisco Rodríguez y Jesús Llanes, percibían dietas de Givsa (la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda) y de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aun tratándose de dos entes deficitarios y sin actividad alguna en la época a la que corresponden los pagos: segundo semestre de 2010.
La portavoz del PP de Guillena, Carolina González Vigo, ha calificado de «inmoral e hipócrita» que el Ayuntamiento de la localidad cobrase a los mayores del municipio por un viaje a Écija «mientras que pagó dietas a los concejales».
En un comunicado, la portavoz popular señaló que el alcalde de Guillena, el socialista Lorenzo Medina, «a través de un decreto ha aprobado el abono de 307,45 euros en concepto de dieta» por un viaje a Écija organizado por el Área de Juventud aunque en los carteles promocionales «se vendió como si estuviera organizado por Bienestar Social, algo además más lógico puesto que iba dirigido a la tercera edad». Los mayores que se apuntaron al viaje tenían que pagar 12 euros. El viaje a Écija se repitió tres días y según la portavoz popular «hay concejales que repitieron la excursión en varias ocasiones» y en su caso percibieron por ello entre 22,95 y 83,85 euros.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana (izquierda), y su homólogo del CCOO, Francisco Carbonero (derecha).
La presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), Mercedes Rodríguez-Piñero, contrató a una empresa de sus sobrinos sin concurso público y por más de 200.000 euros. El objeto del contrato era el montaje de los actos y los expositores para celebrar el XXV Aniversario del CARL, celebrado en junio de 2008 en Sevilla y en el que la Junta de Andalucía se gastó 950.584 euros.
Los hermanos Javier y Manuel Rodríguez-Piñero, sobrinos carnales de la presidenta del CARL, facturaron a través de su empresa de comunicación Porvenir 10 SL más de 200.000 euros a dicho organismo por el montaje de una exposición con motivo del XXV Aniversario del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y por el diseño de distintos logotipos.
La juez que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, Mercedes Alaya, ha asumido la parte de la denuncia relativa a la compra de cocaína con las ayudas presuntamente realizada por el ex director general imputado Francisco Javier Guerrero.
La juez de instrucción 6 de Sevilla ha emitido este viernes tres autos en los que, entre otros asuntos, acuerda pedir a la Junta información sobre las ayudas pequeñas y las denegadas y no solo las concedidas, según han indicado fuentes judiciales.
Fernando Rodríguez Villalobos.
El abogado del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero (PSOE) ha planteado hoy un acto de conciliación, previo a la querella por injurias y calumnias contra Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), presidente de la Diputación de Sevilla, por llamarle “chorizo, putero y drogadicto”.
Su abogado, Fernando de Pablo, ha presentado hoy su escrito en el Registro de los juzgados y ha dicho a los periodistas que, en caso de que Villalobos no se retracte, pedirá por conducto judicial la grabación del pleno de la Diputación y estudiará si se pueden imputar otros delitos.
Ha afirmado que Guerrero , imputado por los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos, está ” muy disgustado” y le gustaría no ser inmiscuido en peleas políticas .imputado el hermano del expresidente andaluz Rodríguez De la Borbolla
La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha imputado a Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un “entramado” de empresas “habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud” 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández “se comprometió” a otorgar tres ayudas por un valor total de tres millones de euros a las empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido “profundamente engañada” por Sánchez.
Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha citado a declarar el 3 de mayo en calidad de imputado al alcalde de Castilleja de la Cuesta, Manuel Benítez (PSOE), por una presunta infracción penal al estimar supuestamente éste en múltiples ocasiones las alegaciones presentadas por personas cercanas sancionadas en materia de tráfico.
Fachada del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Casares
La alcaldesa de Casares (Málaga), Antonia Morera, ha asegurado que ya se han recaudado los 200.000 euros para pagar la fianza que el juez ha impuesto al exalcalde del municipio, el comunista Juan Sánchez, que se encuentra en prisión provisional por su implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística y blanqueo.
Según ha explicado la alcaldesa, la cantidad reclamada se ha reunido a través de “pequeñas aportaciones de compañeros, amigos y vecinos” del ex regidor, incluso la propia Morera asegura que ha aportado 10.000 euros.
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